Algunos casos de CORRUPCIÓN en HONDURAS

CASO INCEHSA 
Delito: Abuso de Autoridad 
Imputado: El Exgerente General de Incehsa, Manuel Carcamo 
Perjudicado: La Admnistración Pública 
Hechos: La Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, efectuó una auditoría de impuestos a la empresa Industria Cementera de Honduras, S. A., Incehsa, por la que se dedujo una responsabilidad por la cantidad de Ciento Treinta y dos millones de lempiras (132,000,000). 
Por órdenes superiores de la DEI a los auditores se les instruyó a rebajar el monto y lo dejaran en nada más que en Nuve Millones de Lempiras(LPS. 9,000,000). Luego de la investigación realizada se elaboró un proyecto de requerimiento fiscal que le fue presentado a las autoridad superior del Ministerio Público, y pese a que se aduce que no existen documentos originales, hasta la fecha no se han efectuado las acitividades necesarias para deducir responsabilidades pensales por la pérdida de los documentos públicos donde se encuentran plasmados el Delito de Defraudación Fiscal en perjucio de la economía. Con estas omisiones deliberadas de parte de la Fiscalía General, no se ha dado la importancia debida a este caso en que se le están arrebatando al Estado de Honduras, más de Ciento Vienticinco Millones de Lempiras ( 125,000.000). 
Lo mas evidente en este caso es que el Abogado Manuel Carcámo era apoderado legal legal de Incehsa cuando se efectuó la auditoría,y después, en forma sorpresa fue nombrado como Director de la DEI, y en el ejercicio del cargo despidió al personal que realizó la auditoría por los Ciento Treinta y Dos Millones (Lps 132,000.000). Por el tiempo transcurrido, el caso no parece ser importante para el importante para el Ministerio Pública, puesto que se le ha dado importancia a otros casos con menos pérdidas económicas y que son los que han sido judicializados a fin de contar con estadísticas para soslayar su responsabilidad histórica de encausar a los que verdaderamente han dilapidado el patrominio nacional, y la desidia de las autoridades superiores es mas que evidentemente. En similar situación se encuentra otro caso de evasión millonaria por parte de la empresa Celtel hoy Tigo 

PAGO PERIODISTAS 
Imputado: Ex Fiscal General de la República, Ovidio Navarro. 
Delito: Malversación de caudales públicos 
Perjudicado: Administración Pública 
Hechos: Existe un proyecto de requerimiento fiscal realizado por Fiscales contra la Corrupción desde el 2005. Acreditaron pagos a periodistas realizados con fondos públicos provenientes del Ministerio Público para comprar su silencio en razón de la crisis institucional que atravesó el Ministerio Público en el 2004; asimismo se atacó a la Asociación de Fiscales, según investigación y monitoreo de todas las emisiones radiales y televisivas, con la especificación de los programas objetos de contrato y no se publicitó ninguna actividad realizada por la Institución que hubiese justificado el pago de publicidad. Estas cantidades de dinero se sacaron de partidas presupuestarias que originalmente estaban destinadas para publicidad institucional, y fueron cobradas en oportunidades por el entonces Jefe de la División de Recursos Humanos, abogado Julio Laínez. Se hace acompañar copia del cheque extendido a favor de la empresa ABA.COM, propiedad del periodista Anibal Barrow. 

AMADO GUEVARA 
Se desconoce el número de expediente y el juez que lleva la causa. Delito imputado: Falsificación de firmas al jugador Amado Guevara. 
Supuestos responsables: Miembros de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth). Debido a que en la actualidad este caso se encuentra en investigación, los fiscales, al amparo del articulo 7 de la Ley del Ministerio Público, no proporcionaron más información al respecto. A Amado Guevara le firmaron el pago de unn cheque que él nunca firmó y cobró.

MIGUEL PASTOR 
Delitos imputados: Malversación de caudales y abuso de autoridad 
Supuesto responsable: Miguel Rodrigo Pastor 
A pesar que el ex alcalde capitalino Miguel Pastor tiene nueve acusaciones pendientes en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción,ningún caso ha sido llevado a los juzgados correspondientes. 
Hechos: En este caso se destinaron cantidades millonarias que se debían de pagar en concepto de cotizaciones al INJUPEMP, para pago de salarios en la municipalidad, esto le limitó la posibilidad a los trabajan en la Corporación Municipal para acceder préstamos los de alto perfil por las personas en ellos involucradas, préstamos personales e hipotecarios en el mencionado Instituto, hasta la llegada del presente alcalde, quien tuvo que lograr un acuerdo de pago con el INJUPEMP para que sus empleados pudiesen tener los beneficios que la Institución ofrece a sus beneficiarios. 
En adición a lo anterior, se investiga el pago a personal de una agencia de publicidad propiedad del señor Sebastian Pastor, con dineros de la Corporación Municipal. 
El delito de la MALVERSACION por cambio de destino esta debidamente acreditado, y no se precisa ninguna clase de informes técnicos para proceder de inmediato, solamente es necesaria la consignación de las partidas presupuestarias que se han violentado, y la burla a las previsiones del presupuesto que se generaron con el estudio previo y técnico de necesidades de alta prioridad, elaborado por personal que trabaja en el Departamento de Presupuesto de la Corporación Municipal del Distrito Central. En la Fiscalía Especial contra la Corrupción este caso era investigado exhaustivamente por la Fiscal Carla Interiano, y luego de que manifestara que había suficientes méritos para ejercer la acción penal pública contra el ex Alcalde Miguel Rodrigo Pastor se le trasladó a la Unidad de Delitos Tributarios. Por otra parte es meritorio manifestar que a los fiscales de juicio se les relevó del manejo de cinco casos, que son los de alto perfil por las personas en ellos involucradas, es decir los casos más importantes que se encuentran en investigación en la Fiscalía Especial contra la Corrupción por la trascendencia económica y política de sus actores. 
DONACIÓN DE LA PRIMERA DAMA DE VENEZUELA 
Imputada: Vilma viuda de Castellano 
Delito: Malversación de caudales públicos 
Perjuicio: Administración pública 
Hechos: La señora Marisabel de Chávez visitó Honduras y donó varios millones de bolívares para el proyecto denominado El Vaso de Leche dirigido para los niños pobres. Este donativo fue realizado a la presidenta de FUDEHFA. El señor Nasry Asfura, quien era miembro de esta asociación, manifestó que dichas cantidades nunca fueron entregadas a FUDEHFA. Se elaboró un requerimiento por malversación contra la señora Vilma Reyes de Castellano que se le entregó al Fiscal Especial contra la Corrupción y a la fecha no se ha presentado. 

ÓSCAR KILGORE 
Investigados: Ingmar Gonzáles Figueroa, Oscar Kilgore y otros. 
Delito: Abuso de autoridad y malversación de caudales 
Perjudicados: La Administración Pública 
Hechos: Durante la administración 2002-2006 se realizó una compra de pintura para el ornato de las aceras y calles de San Pedro Sula, que ascendió a 2.8 millones de lempiras. La compra se realizó de manera directa en la ferretería Sumaco. La investigación sustentó una serie de facturas falsificadas a nombre de varias personas contratistas de la municipalidad, aunado a esto la pintura nunca ingresó al almacén de la municipalidad. 

INTERAIRPORTS 
Número de expediente 113-05. Este proceso inicio el 13 de abril de 2005 y fue asignado al juez especial nombrado Rolando Arriaga. 
Delitos imputados: Abuso de autoridad y fraude 
Imputados: Tomás Lozano Reyes y Héctor Ramón Tróchez 
Hecho imputado: Al parecer se modificaron los pliegos de condiciones después que solo tres empresas habían presentado solicitud de precalificación, lo que provocó que las demás empresas que compraron las bases de licitación no presentaran ofertas, por no enterarse de las modificaciones posteriores, habiendo perdido el Estado la oportunidad de percibir posibles mejores ofertas. 

EL AVIONAZO 
Investigados: Varias personas de la actual administración 
Delito: Abuso de autoridad 
Hechos: En el 2006 aterrizó de manera misteriosa y fue abandonado un lujoso avión en el aeropuerto Toncontín por pilotos mexicanos, quienes horas después salieron de incógnito con la ayuda de personal de Dirección Nacional de Migración y Extranjería. La nave valorada en 12 millones de dólares estuvo estacionada en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, hasta que fue rematada por 736,000 dólares. El Fiscal General se trasladó a México para solicitar información, sin embargo nunca se estableció si dicha visita esclareció el caso. El Fiscal Leónidas Rosa Bautista ha manifestado públicamente que el caso está cerrado. 

EL PETROLAZO 
Número de expediente 5498-02. 
Esta causa inició el 30 de noviembre de 1994 y fue asignado a la juez Mildra Castillo 
Delitos imputados: Abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. 
Supuestos responsables: El ex presidente Rafael Leonardo Callejas Romero 
Hechos: El ex presidente Rafael Leonardo Callejas Romero, mediante acuerdo No.602-A del 7 de mayo de 1990 autorizó la creación de una cuenta especial en el Banco Central de Honduras (BCH), cuyos fondos se incrementarían cada mes con capital proveniente de Texaco de Honduras y Gas Caribe, y que sería utilizado por la Comisión del Petroleo para financiar los carburantes. No obstante de manera irregular se transfirieron a la cuenta constitucional de la República y fueron utilizados por Callejas para gastos personales. 

EL GASOLINAZO 
Investigados: Varios funcionarios del Gobierno entre ellos Ricardo Álvarez. 
Delito: Abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y contrabando 
Perjudicados: La Administración Pública 
Hechos: La irregularidad se presentó entre 2002 y 2004 estimándose que 131 importaciones de combustible, equivalente a 519 pipas ingresaron a país sin pagar impuestos. El combustible fue vendido a las gasolineras de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las empresas que hicieron la importación fueron, “Transporte Guillén”, “Inversiones Maxiomel”, Taller de Mecánica “Las Vegas “ 
e “Importadora Calderón”. El caso del "Gasolinazo" dejó perdidas al país de al menos 75 millones de lempiras. Se presume que las ganancias sirvieron para financiar campañas políticas de algunos aspirantes del Partido Nacional. El fiscal General Rosa Bautista dijo públicamente, que este proceso estaba cerrado, sin embargo , no ha dado ninguna explicación al respecto a la ciudadanía. 

EL CHINAZO 
En 1992, el gobierno de Callejas promulgó la Ley para la Naturalización de Ciudadanos Orientales para atraer inversiones de empresarios chinos. Tras la aprobación de la esta ley, unos dos mil ciudadanos chinos optaron por la compra de la nacionalidad hondureña y los documentos de identidad, a cambio de un pago de US$3 mil por persona. Después de 1994, el recién creado Ministerio Público realizó investigaciones y comprobó las denuncias sobre millares de ciudadanos chinos que obtuvieron la nacionalidad mediante pagos de US$25 mil y US$50 mil a funcionarios del gobierno. 
En 1995, el Ministerio Público recibió la denuncia documentada de María Martha Díaz, quien sostuvo que colaboró con su ex esposo, el nicaragüense René Contreras, para la venta de la nacionalidad hondureña a ciudadanos chinos, a través de oficinas ubicadas en Miami, Estados Unidos. Posteriormente, en julio de 1996, fueron capturados por la Policía de Hong Kong Herby Weizemblut - Herby Weizemblut -cónsul de Honduras en Hong Kong-- y Jerry Wolf Stu-chinner -ciudadano estadunidense jubilado del Servicio de Inmigración para Centroamérica en la Embajada de EEUU en Tegucigalpa-, a quienes les decomisaron uno docena de pasaportes hondureños para ciudadanos chinos. Este hecho confirmó que pese a que la Ley de Naturalización de ciudadanos chinos había expirado, continuaba el tráfico de pasaportes hondureños. El entonces fiscal general, Edmundo Orellana Edmundo Orellana, estimó en 1997 que más de 20 mil pasaportes hondureños fueron impresos ilegalmente para venderlos a ciudadanos chinos. 

EL PASAPORTAZO 
Imputado: Ramón Romero, ex director de Migración 
Las operaciones para traer ilegalmente a los chinos al país consistían en que cada persona de esta nacionalidad que llegaba a Cuba solicitaba una visa consultada y otros trámites ante el consulado de Honduras, que luego se complementaba con un dictamen favorable de la Dirección de Migración y Extranjería. 
Estos trámites se extendían a cambio de importantes cantidades de dinero, ya que las diligencias se hacían al margen de la ley. Romero está acusado por la fiscalía por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Por encontrar indicios racionales de haber cometido uno o los dos delitos apuntados, el titular del Juzgado Penal Francisco Morazán, Edwin Navarro, le decretó auto de prisión. Según el Ministerio Público, el ex funcionario habría autorizado el ingreso ilegal de 14 colombianos supuestamente involucrados en el narcotráfico, aparte de que hay sospechas de que Romero ha promovido el tráfico ilegal de chinos y libaneses. 

CONSTRUCCIÓN AULAS DE LA UNAH 6-A 
Imputada: Ana Belen Castillo 
Delito: Abuso de autoridad y fraude 
Perjuicio: Administración Pública 
Hechos: La Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Ana Belen Castillo autorizó de forma directa y no como lo ordena la Ley de Contratación del Estado la construcción del edificio llamado Aulas Número 6-A, adjudicando el proyecto a la constructora Nacional de Ingenieros, que según informes de los supervisores estaba incumpliendo con la construcción del otro Edificio Aulas Número 6. Para legitimar la adjudicación del proyecto, adujeron que la construcción del edificio Aulas nímero 6-A era un apéndice o una ampliación del edificio aulas número 6. 
La construcción de las aulas número 6 tuvo un costo de 30 millones de lempiras, y la ampliación, es decir la construcción del Edificio Aulas Número 6-A tenía un costo de casi 70 millones de lempiras, por lo que resulta espurio el argumento de Belen Castillo, de que se podía soslayar la licitación pública cuando el sentido común indica que se tratan de dos obras independientes y autónomas. 
Las reglas elementales de la lógica demuestran que una ampliación es un apéndice en porcentajes menores a la obra original que se pretendía ampliar. Existe un informe técnico del decano de Ingeniería Civil, Adolfo Raquel Quan incorporado a la denuncia sobre las irregularidades de estos proyectos. Los edificios no se construyeron en su totalidad, y quedan pendientes sendas demandas de orden civil que aún no han sido resueltas, y lo que es más grave, se dejaron vencer las garantías. 
El proyecto de requerimiento al Fiscal General de la República, Abogado Leónidas Rosa Bautista, desde el año 2005, tal como consta en el Libro de Anteproyectos de Requerimiento Fiscal que obra en la Secretaría de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, pero no se tuvo respuesta alguna, y cuando los maestros de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Adunah, iban a preguntar por la denuncia se les decía, y se les continúa diciendo que esperan el informe del Tribunal Superior de Cuentas, cuando normalmente ya antes se han presentado acciones penales públicas de inmediato siempre que no se han realizado licitaciones públicas. 

CASO RNP 
Imputado: Mario Aguilar González 
Delito: Abuso De Autoridad 
Perjudicado: Administración Pública 
Hechos: Mario Aguilar Gonzáles, en su condición de Director del Registro Nacional de las Personas, procedió a la anulación de una inscripción registral sin que se haya dictado una sentencia por parte de órgano jurisdiccional competente. Con esta acción se dejó en precariedad a dos niñas y a una madre soltera que labora en el Departamento de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia. A esta familia se le vedó la posibilidad de acceder a una acción de petición de herencia por el fallecimiento de su padre y esposo respectivamente. El requerimiento fiscal fue preparado con todo el elemento probatorio que se recolectó y al momento de su presentación en la Secretaria del Tribunal el Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, dándose cuenta que se trataba de un juicio en contra de su amigo y correligionario Mario Aguilar Gonzáles, ordenó a su subalterno a detener su presentación. A la fecha no se sabe si el caso ya fue desestimado o no. Estos mismos extremos se reproducen en otros casos manejados en distintas oficinas como las Fiscalía de Derechos Humanos, contra el Crimen Organizado, Medio Ambiente, y otras más. 

NOMBRAMIENTO ILEGAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS 
Investigado: Leónidas Rosa Bautista. 
Delito: Abuso de autoridad 
Perjuicio: Administración pública 
Hechos: La Fiscalía General de la República procedió a nombrar al señor Omar Zúniga como administrador de la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y al hacerlo violentó el reglamento de la OABI, pues no llenaba los requisitos establecidos para acceder al cargo. Además de violentar los requisitos para el cargo, Omar Zúniga mantiene un grado de parentesco con el actual Fiscal adjunto Omar Cerna.