Plan de transparencia y Lucha contra la corrupción
OBJETIVOS DEL PLAN
1. Objetivo General
Generar una cultura de integridad y ética para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, eliminando la impunidad; y
fortaleciendo la participación de la sociedad civil hondureña en la lucha contra la
corrupción.
2. Objetivos Específicos
a) Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las diferentes
Secretarías de Estado, instituciones desconcentradas y descentralizadas con el apoyo
de la sociedad civil.
b) Promover la integridad mediante la formación en valores éticos en el empleado público
al concientizarlo sobre los efectos de la corrupción en el desarrollo socioeconómico
del país y, por consiguiente, en el bienestar de la población en general, e introducir
mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas.
c) Promover el involucramiento de la sociedad civil en las acciones de auditoría y
contraloría social mediante la creación y fortalecimiento de espacios y procesos de
diálogo y de fiscalización a la efectividad gubernamental.
d) Fortalecer las auditorías internas de las instituciones estatales a través del Tribunal
Superior de Cuentas y la Oficina Nacional de Investigación y Control Interno ONADICI.
e) Disminuir la percepción de la ciudadanía respecto de los esfuerzos del gobierno para
reducir y disuadir actos de corrupción que involucren a los funcionarios y empleados
del Gobierno.
COMPONENTES DEL PLAN
1. Derecho político, voz y rendición de cuentas
Este capítulo comprende acciones mediante las cuales se refleja el grado en que los
ciudadanos y ciudadanas de un país pueden participar en elecciones de su gobierno, a
elegir y ser electos, la libertad de expresión, asociación y libertad de prensa.
Es por ello que los partidos políticos como entidades de interés público fortalecen el
Estado de derecho.
Por otro lado se ha considerado en este capítulo la importancia del origen del
financiamiento de los partidos políticos, no solo por las cantidades invertidas sino además
por el destino de los mismos sean públicos o privados. De ahí que el dinero sea un factor
determinante en la búsqueda del poder.
Es así que pocos asuntos son más importantes en el ámbito electoral que el tema de
los fondos: su origen, en que se aplican, en qué montos y actividades pueden gastarse,
cómo se llevan a cabo las cuentas y su publicidad respectiva y, fundamentalmente, cuál
es la relación que existe entre el dinero invertido en un proceso electoral y las decisiones
de los gobernantes emanados de él, que eventualmente pueden fortalecer a los
aportantes.
Los problemas que se han derivado de esta situación es lo que motiva a mantener
constantemente en revisión el tema electoral, ya que la utilización de dineros cuya
procedencia se desconoce, el gasto sin control, así como las denuncias de corrupción,
son tan solo algunos ejemplos de que el financiamiento de los partidos políticos tiene una
importancia decisiva en los procesos electorales y, por ello, su regulación es un reto
Control de la corrupción y transparencia
El capítulo II comprende acciones orientadas a disminuir la corrupción, donde se
contempla la creación de programas específicos para proteger a los que deciden testificar
prácticas ilegales dentro de la administración pública, así como ampliar el concepto
mismo de "corrupción", que para muchos limita simplemente al aspecto financiero pero
que, en realidad, abarca también el abuso de poder, que podría reducirse con el aumento
de la transparencia y rendición de cuentas, mejorando la cooperación entre los
funcionarios públicos y la sociedad civil. Para suplir estas causas se considera que debe
de haber en el país un fortalecimiento institucional y moral, la aplicación de las leyes, la
educación en valores y el fortalecimiento de iniciativas como las comisiones de
transparencia y la práctica de las auditorias sociales con participación ciudadana.
Es pertinente para esto la creación de mecanismos de transparencia que permita al
ciudadano ser vigilante de la gestión pública, convirtiéndose así en un auditor social,
como una persona común, por ejemplo en la edificación de una obra no sabrá si hay o no
corrupción si desconoce quiénes son los contratistas, el valor de la obra, los fondos con
los cuales se está ejecutando, la duración del proyecto.
Por otro lado, no sólo se trata de crear instituciones o comisiones para combatir la
corrupción, sino más bien de evaluar cuáles son los problemas que existen dentro de las
instituciones y comisiones que como ha ocurrido en algunos casos en vez de ayudar,
más bien se integran en la corrupción.
1
D. Kaufmann, A.Kraay and M. Mastruzziwww.worldbank.org/wbi/governance.Unidad de Apoyo Técnico Presidencial UATP
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3. Compra y contrataciones del estado
Las compras y contrataciones del Estado son determinantes en una administración
pública sana. Es conocido que la mayoría de los casos de corrupción se dan
precisamente en las adquisiciones amañadas.
Este capítulo contiene acciones que conducen a hacer públicos los procesos de
compras y contrataciones ya que constituyen un factor fundamental en la lucha contra la
corrupción. Por esta razón y, dada la gran incidencia que las compras públicas tienen en
el gasto del Estado, resulta crucial que se promueva la transparencia en estos
procedimientos, no sólo para investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción sino
también y, fundamentalmente, para prevenir que estos hechos sucedan.
En toda contratación pública existe declaración de las partes, de las cuales una se
encuentra en ejercicio de la función administrativa, que solicita de la otra, la realización
de una obra, la prestación de un servicio, la obtención o enajenación de un bien, a cambio
del pago por los mismos. En este acuerdo, se exterioriza la actividad administrativa que
debe estar regida por el principio fundamental de la publicidad.
4. Gestión, transparencia y escrutinio de las finanzas públicas
Este capítulo se orienta a la medición del desempeño de las finanzas públicas, utilizando el
marco de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA, por sus siglas en ingles) y el Índice
de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas en ingles). Ambos marcos de evaluación incluyen
una serie de indicadores de desempeño, acciones y medios de verificación.
El macro PEFA, identifica seis dimensiones fundamentales para un sistema de
administración financiera abierto y ordenado. Estas dimensiones se plantean en función
de lo deseable y factible para medir y definir las características y calidad de los elementos
esenciales de un sistema de Gestión de la Finanzas Publicas (GFP), reflejados en un
conjunto de indicadores de alto nivel.
El Índice de Presupuesto Abierto (Open Budget Index, OBI), es un instrumento creado
por el International Budget Partnership (IBP), para evaluar si los gobiernos dan acceso Unidad de Apoyo Técnico Presidencial UATP
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público a la información presupuestaria y oportunidades para participar en el proceso
presupuestario a nivel nacional. Con este fin se evalúa la disponibilidad al público de ocho
documentos presupuestarios y la exhaustividad de los datos en dichos documentos.
El Informe de la Evaluación del PEFA, elaborado en el año 2009 mediante una
asistencia técnica del Programa de la Unión Europea para Honduras, señala logros
importantes del Gobierno orientados a mejorar el sistema de Gestión de las Finanzas
Públicas (GFP). Al mismo tiempo concluye, de manera general, en que hace falta
completar y coordinar algunas acciones para optimizar el proceso gerencial para toma de
decisiones financieras,
En lo referente al OBI, según la encuesta aplicada en el año 2009 la calificación
obtenida por Honduras fue de 11%, la más baja de los ocho países encuestados en la
región de Centroamérica y el Caribe; y representa aproximadamente una cuarta parte de
la puntuación media (42) para los 94 países encuestados.
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